Fernández ordenó que se revean las licitaciones de alimentos de Desarrollo Social

0
188

Tras una reunión en Olivos se acordó modificar la forma de contratación en el Estado como consecuencia de lo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, que pagó precios de alimentos de urgencia por la pandemia por encima de los valores testigo que maneja la Sigen. Por una decisión administrativa de la jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero, a partir de ahora el tope para cualquier compra serán los precios máximos, por lo que incluso se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope. El presidente Alberto Fernández advirtió que no tolerará la “cartelización” de algunos sectores de proveedores del Estado.

La denuncia recuerda que el 19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento complementario para agilizar la implementación práctica de los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia, entre cuyos cambios centrales el Decreto 287/2020 autoriza la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.

El ministro Daniel Arroyo había explicado que se vio obligado a pagar esos precios porque ninguna empresa le quería vender a menos y que se le “plantaron”. Ante la disyuntiva de dejar a comedores y merenderos sin alimentos básicos en plena cuarentena, optó por pagar los valores que le exigían. El presidente Alberto Fernández, si bien aceptó las explicaciones de Arroyo, por la noche lo convocó junto a Cafiero para buscar la manera de que eso no volviera a suceder

En una entrevista a la señal TN, el Presidente explicó que se trataba de “bolseros”, proveedores de alimentos que tenían larga data en el Estado, y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. “No podemos permitir que se abuse de la gente”, afirmó. Además, reveló que Arroyo había iniciado una investigación interna en el ministerio para determinar si algún funcionario que participó del proceso había incurrido en corrupción. Fernández, obviamente, adelantó que no apañaría a ningún corrupto que hubiera en su gobierno. “Si hubo un acto ilícito voy a ser el primero en perseguirlo”, aseguró.

También explicó que con lo sucedido había quedado expuesta la “cartelización” de los mercados y aclaró que en este caso “todavía no se pagó”, por lo que las compras que no cumplan con el nuevo tope “tendrán que ser revisadas para que respeten los precios máximos”. “No puede ser que alguien se le plante al estado en esta situación”, enfatizó antes de asegurar que “no lo voy a permitir”.