Gracias al amparo del frente 1País, la Justicia ordenó restablecer las Pensiones por Discapacidad

Tal es el caso de Dora Ortíz, quien inició el proceso judicial con un amparo en julio de este año, luego apoyado y extendido a nivel nacional por el precandidato a senador nacional Sergio Massa y el precandidato a diputado nacional Daniel Arroyo. Hay unas 70 mil familias afectadas, que todavía esperan por la recomposición del beneficio.

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La Justicia desestimó la apelación del Gobierno Nacional a la medida cautelar presentada por 1País para frenar la quita de los subsidios, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social se vio obligado, en un primer caso, a restablecer la pensión que cobraba Dora Ortíz, jubilada de 82 años, por su hijo con discapacidad de 43.

Desde el frente 1País celebraron la resolución y, al respecto, el primer precandidato a senador nacional, Sergio Massa, expresó: “Es una buena noticia que la Justicia actuara a favor de los que menos tienen. Hay más de 70 mil familias que necesitan de ese pequeño aporte del Estado para subsistir, porque la plata cada vez alcanza menos. Y al Gobierno eso no lo importó, cuando no tuvo problema en cortar de un saque las pensiones”.

Y agregó: “El Gobierno no solo hizo promesas que no cumplió, sino que castigó a los que menos tienen, a los que los habían elegido con la esperanza de un cambio que nunca llegó y hoy viven con desilusión. Pasó con los jubilados, con los trabajadores, con las Pymes y también con las personas con discapacidad. Nosotros vamos a dar una vuelta de página a esa desilusión y a empezar a construir el verdadero cambio”.

Por su parte, Malena Galmarini, referente en Políticas Sociales y de Género del frente 1País, sostuvo: “Nos alegra muchísimo que el Gobierno haya recapacitado y le devuelva a Dora lo que le corresponde. Pero todavía hay más de 70 mil familias afectadas. No se trata de un error más en su gestión, hay miles de argentinxs que dependen de ese beneficio”.

“Espero que también recapaciten sobre su forma de gobernar y, en lugar de cortar todo de una perjudicando a millones de argentinos, analicen cada situación; sea con los jubilados, las personas con discapacidad, las tarifas o los impuestos. El pueblo no acepta más avances y retrocesos”, concluyó Malena.

De igual manera, el Lic. Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, indicó: “Que el Gobierno haya apelado nuestro amparo para frenar la quita de las pensiones demuestra una gran insensibilidad social y un escaso entendimiento de lo que pasa en la calle y de lo que sufren las familias que tienen integrantes con discapacidad. Es caro en la Argentina tener una discapacidad; por eso, el beneficio como el acceso a los servicios de salud son vitales”.

Mientras que el Dr. Claudio Espósito, referente en Discapacidad de 1País, reflexionó: “Hoy, le depositaron a Dora Ortíz todo un año de pensión, lo que ratifica como viene siendo el manejo por parte del Ministerio . Estamos hablando de tratamientos, medicamentos, que son indispensables para que personas con discapacidad y sus familias puedan vivir mejor. Eso debería, cuanto menos, llevar al Gobierno a dejar a un lado la insensibilidad y comprender la situsación”.

El frente 1País, representado por Sergio Massa, Daniel Arroyo, Malena Galmarini y el Dr. Claudio Espósito, presentó hace más de un mes su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo contra la quita de los subsidios.

En esa oportunidad, la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) había dictaminado que correspondía una medida cautelar que finalmente otorgó la jueza federal Piñeiro, quien -en su fallo (38976/2017) del pasado 7 de julio- resolvió: “Hacer lugar a la medida de no innovar para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)”. El Gobierno Nacional decidió apelar ese fallo y ante la falta de aprobación por parte de la Justicia, se vio obligado a devolver el beneficio de Ortíz, el primer caso de más de 70 mil afectados.